| El comisario general de Seguridad Ciudadana, José Marín Manzanera, fue el encargado de inaugurar la jornada y dar la bienvenida a la nueva agrupación.
Las conferencias comenzaron con la intervención de Ricard Martínez, coordinador del área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Martínez esclareció cómo está la situación tras la implantación de la Ley Ómnibus, que liberaliza la instalación de videocámaras a empresas externas al sector de la Seguridad Privada. Martínez recordó que ahora cualquier empresa puede realizar este tipo de instalaciones, siempre y cuando, las videocámaras no estén conectadas a centrales de alarmas. Pero esta ley, advirtió Martínez, deja abiertas situaciones intermedias como que no exista un control de alarma pero una empresa de seguridad trate los datos.
Además, entre los asistentes surgieron nuevas dudas, como si los ciudadanos podrán ejercer el derecho de cancelación sobre las imágenes de videocámaras instaladas por empresas de otros sectores. En este sentido, el representante de la AEPD aseguró que se tendrá en cuenta la finalidad empresarial con que se instalen las videocámaras.
Otra duda de los asistentes fue si los usuarios tendrán que pedir consentimiento. Al respecto, Martínez anunció que la AEPD elabora un informe para esclarecer todas estas cuestiones. Al cierre de esta edición, el informe no se había hecho público.
Rubén Salgado, abogado y miembro de Lexcam, explicó otras cuestiones de la nueva ley. Salgado recordó que se ha creado porque lo imponía la UE, como una forma de homogenizar diferentes sectores a nivel comunitario. Sin embargo, expuso algunas de las contradicciones y lagunas jurídicas del texto. Así, la primera transposición del mes de noviembre aseguraba que el sector de la Seguridad Privada no iba a sufrir cambios, pero en diciembre fue rectificada y se especificó que se iba a liberalizar las empresas de Seguridad Privada en régimen de instalación. Esto fue así, explicó Martínez, porque en Europa no se aplica del mismo modo el término Seguridad Privada.
Por otra parte, Carlos E. Seijas inspector jefe de policía y miembro de la UCSP (Unidad Central de Seguridad Privada), abordó otra preocupación del sector: los criterios de imposición de las cuantías de las sanciones de alarmas no deseadas. Seijas explicó que a la hora de imponer una sanción se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad, que se mide a través de criterios como el número de alarmas y conexiones, intencionalidad, gravedad y reiteración.
Los objetivos de estas sanciones, según Seijas, son: establecer unos niveles de seguridad jurídicos para el administrador; unificar criterios de aplicación de régimen sancionador; evitar que la infracción sea más beneficiosa que el cumplimento de la ley; establecer sinergias con las sentencias judiciales y aplicar una mayor cuantía en supuestos de especial gravedad.
Ante la pregunta de si las empresas instaladoras procedentes de otros sectores pueden ser sancionadas, Seijas argumentó que, de momento, es imposible ya que no se rigen por la normativa de Seguridad Privada.
María Valcarce, directora de Sicur, fue la encargada de cerrar la jornada. Valcarce presentó la 13ª edición de Sicur con 1.350 empresas y 570 expositores directos, 444 nacionales y 113 extranjeros.
La directora de Sicur comentó alguna de las actividades paralelas de esta edición como Foro Sicur, que contará con la presencia de Renfe, Ayuntamiento de Madrid, BFI OPtilas, Geo Visión, Tecosa o la Asociación de Protección del Patrimonio, entre otros.
El momento más importante llegó de la mano de Luis García Echevarría, miembro del Comité Ejecutivo de UAS quien presentó la Unión de Asociaciones de Seguridad que calificó como «una entidad operativa, de carácter asociativo, con carácter integrador y abierta a todas las asociaciones».
Los objetivos de la UAS, según explicó García Echevarría, son dar un valor añadido a las asociaciones y empresas que la integran; aprovechar mejor los recursos y sinergias; conseguir un mayor número de asociados para transmitir propuestas a la administración; proporcionar más información, formación y asesoramiento; y unir las políticas de un colectivo con los mismos intereses.
Luis García Echevarría pronunció la disconformidad de UAS con la Ley Ómnibus pero animó a las empresas a no abandonar ya que «el cliente tiene que saber que las empresas de seguridad ofrecen un mejor servicio». ●
Texto: Ana Llopis.
Foto: UAS.
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