Desde Aproser, en la línea de lo que todas las organizaciones empresariales de carácter intersectorial tanto nacionales como internacionales de las que formamos parte han manifestado, consideramos que el resultado del referéndum es profundamente negativo, tanto en su impacto en el proceso de construcción europea, motor del desarrollo económico español, como, en particular, por la incertidumbre que implica ralentizar posibles procesos de inversión y el consiguiente impacto en los niveles de crecimiento de nuestra economía.
Los niveles de facturación de la seguridad privada están directamente relacionados con los niveles de crecimiento del PIB, con un retardo relativo en el tiempo, por lo que es evidente que un empeoramiento del escenario económico de nuestra economía, teniendo en cuenta adicionalmente que Reino Unido es el cuarto contribuyente a la Unión Europea con una aportación de 17.000 millones de euros en 2015 puede incidir en un sector que apenas está despegando de una crisis que ha derivado en una pérdida de más del 25% de la facturación en relación con los momentos de mayor dinamismo de la economía española. Como consecuencia, nuestra capacidad de inserción laboral de algunos de los 200.000 nacionales españoles que actualmente trabajan en este país y cuya situación laboral ahora queda «en el aire», es realmente escasa.
Tampoco resulta conveniente perder referencias equiparables con uno de los principales países miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, su ratio actual de 1 vigilante de seguridad por cada 170 habitantes (1/170) frente a nuestro ratio en España (1/594) dejaría de ser objeto de estudio y reflexión en un análisis estricto en cuanto a su homogeneidad comparativa.
Es cierto, por otra parte, que las peculiaridades de un sector que tiene un tratamiento específico en la directiva de servicios, por los lógicos condicionamientos de vinculación con la seguridad pública, hacen que la salida del Reino Unido de la Unión Europa, de llegar a materializarse, no incida directamente en la posible prestación de servicios transfronterizos. Y, por otra parte, en un mundo globalizado, es difícil pensar que la libertad de establecimiento de empresas españolas en el Reino Unido o viceversa, pueda verse significativamente afectada por este proceso. En todo caso, será preciso esperar a la finalización de las negociaciones que se producirán en los próximos meses para que estas previsiones se confirmen en la práctica.
